MEXICO CITY — La conversación comenzó con una pregunta concreta, pero terminó abriendo una grieta mucho más profunda sobre la seguridad nacional en México. Lo que en apariencia era un episodio aislado en Chihuahua, relacionado con la presencia de agentes estadounidenses y el desmantelamiento de un narcolaboratorio, se convirtió en una radiografía incómoda de la relación entre México, Estados Unidos y el crimen organizado.
David Saucedo, experto en seguridad, planteó el asunto sin rodeos. Según su análisis, las operaciones encubiertas de agencias estadounidenses en México no son nuevas. Durante décadas, agentes de la CIA, el FBI, la DEA y Homeland Security han realizado tareas de investigación en territorio mexicano, casi siempre con algún nivel de conocimiento, acompañamiento o cooperación de autoridades nacionales. La diferencia, sostiene, es que desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca estas operaciones se habrían vuelto más frecuentes, más unilaterales y menos dependientes de la autorización mexicana.
El punto más delicado no es solo la presencia de esos agentes, sino la confianza rota entre ambos gobiernos. Saucedo explicó que Estados Unidos posee información cada vez más detallada gracias a extradiciones y procesos contra capos mexicanos, incluyendo datos sobre rutas de droga, narcolaboratorios, empresarios vinculados al crimen, jefes policiales, militares y redes de protección. Esa información, de acuerdo con su lectura, no siempre se comparte con México por temor a filtraciones que permitan a los criminales escapar.
Esa palabra, filtraciones, pesa como una sombra sobre todo el análisis. En muchos operativos, cuando las autoridades mexicanas son notificadas, los grupos criminales parecen enterarse antes de que llegue el golpe. Por eso, afirmó Saucedo, numerosos desmantelamientos de laboratorios ocurren sin disparos y sin detenidos: las instalaciones son ubicadas, los decomisos se realizan, pero los responsables ya no están ahí. El operativo de Chihuahua, bajo esa lógica, no solo exhibe la fuerza de la inteligencia estadounidense, sino también la debilidad de la confianza institucional mexicana.
El gobierno de Claudia Sheinbaum, según el análisis, se encuentra atrapado entre dos discursos. Por un lado, necesita sostener una postura pública de soberanía, especialmente ante una base política donde el nacionalismo frente a Estados Unidos todavía tiene fuerza. Por otro lado, sabe que México necesita cooperación con Washington para enfrentar a organizaciones criminales con recursos financieros, tecnológicos y armados que superan la capacidad de muchas instituciones locales.
La contradicción aparece cuando el discurso nacionalista se activa solo después de que la información se vuelve pública. Saucedo sostuvo que el gobierno mexicano probablemente sabe desde hace tiempo que existen operaciones estadounidenses en el país, aunque quizá no conozca con precisión dónde, cuántos agentes participan o qué tareas realizan. Cuando salen a la luz vuelos, drones, buques, accidentes o muertes de agentes, entonces el gobierno reacciona, se envuelve en la bandera y denuncia posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.
El problema es que esa violación, de existir, no sería nueva ni excepcional. Sería parte de una dinámica cotidiana y cada vez más difícil de ocultar. La presencia estadounidense en México parece haberse movido hacia una zona gris donde nadie quiere reconocer completamente lo que ocurre, pero todos actúan como si supieran que ocurre. El resultado es una relación incómoda: demasiada cooperación para negarla por completo, pero demasiada desconfianza para administrarla con transparencia.
El caso del narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara muestra esa tensión con claridad. Las imágenes del operativo sugieren una instalación de gran tamaño, posiblemente vinculada a producción de drogas sintéticas. Saucedo afirmó que los grupos criminales han desplazado a organizaciones sociales, proyectos comunitarios y espacios de apoyo en zonas de la sierra para convertir esos territorios en centros de producción ilícita. Lo que antes eran regiones atendidas por instituciones civiles, ahora aparecen capturadas por estructuras criminales que operan con una capacidad preocupante.
En ese contexto, no celebrar el desmantelamiento de un narcolaboratorio de esa magnitud resulta políticamente extraño. Para una parte del país, cualquier golpe contra el crimen organizado debería ser reconocido. Pero para el gobierno, si ese golpe queda asociado a agencias estadounidenses, el asunto se vuelve incómodo. Celebrarlo podría parecer una aceptación de colaboración extranjera; condenarlo podría verse como una falta de compromiso contra el narco. La administración queda así atrapada entre la soberanía discursiva y la necesidad operativa.
La conversación también abordó otro episodio relevante: el rumor sobre la captura de “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Saucedo explicó que, según información que le fue transmitida desde el gabinete de seguridad, el objetivo logró escapar. No habría sido una detención falsa, sino un operativo que no alcanzó su objetivo principal. El cerco existió, pero los anillos de seguridad del capo habrían impedido que las fuerzas llegaran a él.
Ese caso vuelve a revelar la misma fragilidad: inteligencia, despliegue y persecución, pero sin captura final. Para evitar el costo político del fracaso, las autoridades habrían comunicado el operativo de manera fragmentada, sin confirmar plenamente el objetivo real. En términos de percepción pública, la frase que queda flotando es dura: se les escapó.
El tercer frente fue Teotihuacán. A menos de dos meses del Mundial, el ataque ocurrido en una de las zonas arqueológicas más visitadas del país encendió alarmas sobre los dispositivos de seguridad en espacios turísticos. Saucedo cuestionó que un sitio con millones de visitantes al año no contara con controles suficientes para impedir el ingreso de armas. También criticó la reacción posterior de la Guardia Nacional, al considerar que el despliegue fue deficiente ante una amenaza activa.
Teotihuacán no es un punto menor. No se trata solo de un sitio arqueológico, sino de una vitrina internacional. Si México se prepara para recibir visitantes durante un evento global, la seguridad turística deja de ser un tema local y se convierte en una prueba de Estado. El argumento oficial de que no había antecedentes de un incidente similar resulta insuficiente frente a la pregunta básica: ¿por qué esperar a que ocurra una tragedia para instalar controles?
Al final, los distintos episodios de la conversación forman un solo mapa. Chihuahua muestra la tensión entre soberanía y cooperación con Estados Unidos. El caso de “El Guano” revela las dificultades para capturar objetivos criminales de alto nivel. Teotihuacán exhibe la vulnerabilidad de espacios públicos y turísticos. Y detrás de todo aparece una misma duda: si México tiene una estrategia clara o si está reaccionando a golpes, filtraciones, presiones y escándalos.
La crisis no está solo en la presencia de agentes extranjeros ni en un operativo fallido. Está en la falta de claridad. México necesita cooperación, pero también reglas. Necesita inteligencia, pero también instituciones confiables. Necesita soberanía, pero no una soberanía usada solo como discurso cuando el problema ya estalló públicamente.
Porque mientras el gobierno decide qué admitir, qué negar y qué convertir en mensaje político, el crimen organizado sigue ocupando territorios, moviendo rutas, produciendo drogas y probando los límites del Estado.