MORELOS, MÉXICO — En un acto masivo que fulminó uno de los esquemas financieros más abusivos de la historia reciente del país, la presidenta Claudia Sheinbaum entregó constancias de liquidación a cientos de familias, sentenciando el fin de la trampa de cinco millones de créditos hipotecarios impagables. La medida, ejecutada a través de las instituciones de vivienda del Estado, representa una inyección colosal de más de setenta y dos mil millones de pesos devueltos directamente a los bolsillos de la clase trabajadora, y simultáneamente exhibe la elaborada arquitectura de un saqueo sistemático perpetrado durante los gobiernos neoliberales del pasado.
El epicentro de este desastre financiero se gestó en los años noventa mediante un diseño jurídico deliberado que ató los créditos hipotecarios de la ciudadanía al índice de veces salario mínimo. Como resultado de este esquema letal, avalado silenciosamente por gobiernos panistas y priistas, las deudas de los trabajadores experimentaban un aumento automático con cada incremento salarial, generando un saldo que crecía en espiral sin control alguno a pesar de los pagos mensuales ininterrumpidos y puntuales. De esta manera, una vivienda original de setenta mil pesos podía llegar a costar más de setecientos mil pesos solamente una década después, transformando de facto el sueño de la casa propia en una aplastante condena de deuda perpetua.
La responsabilidad civil y administrativa de este modelo recae directamente sobre figuras consideradas intocables en el antiguo régimen de poder. Durante doce años ininterrumpidos bajo la administración panista, el entonces director Víctor Manuel Borrás operó esta maquinaria de créditos asfixiantes y, al apartarse de sus funciones, fue recompensado escandalosamente con un bono de retiro de once millones de pesos. Sucesores como Alejandro Murat y David Penchyna no solo mantuvieron intacto este sistema de extorsión institucionalizada, sino que llegaron al atrevimiento de autorizar indemnizaciones multimillonarias a empresas privadas aliadas. En un drástico contrapeso a este oscuro historial, el gobierno actual enarbola el programa Solución Integral, que asegura de inmediato una conversión de saldos a pesos fijos, acompañada por una declaración frontal de Sheinbaum quien aseveró directamente a la cara del pueblo que “ya no deben nada”.
El impacto social e histórico de esta corrección gubernamental trasciende por mucho las frías cifras macroeconómicas proyectadas por las agencias calificadoras y logra penetrar firmemente en la resquebrajada psicología económica del país. Ahora, las deudas vigentes para ciudadanos mayores de ochenta años han quedado en un absoluto cero de forma incondicional, mientras que millones de trabajadores recuperan por primera vez la certeza de resguardar un patrimonio intocable y el pleno control sobre sus finanzas futuras. Esta restitución masiva y agresiva actúa como una pinza política implementada por un Estado que persigue legalmente a exempresarios coludidos en la Florida, mientras paralelamente rescata sin intermediarios a las víctimas civiles, desarmando y destruyendo la retorcida mentalidad de privatizar las ganancias arriba y socializar el endeudamiento impagable abajo.
Al quedar estas acciones operativas irreversiblemente selladas en los sistemas de crédito, se consolida un parteaguas que deja a las élites opositoras y a las corporaciones despojadas de cualquier contraargumento viable frente al beneficio que ya duerme en los hogares mexicanos. Mientras las narrativas del fracaso son inyectadas artificialmente en los pasillos mediáticos corporativos, las escrituras liberadas el día de hoy testifican sin palabras la defunción de un modelo parásito en el que los tecnócratas cobraban utilidades dantescas y la población más vulnerable vivía endeudada. Todo conforma en el ambiente una cruda pero imperiosa lección acerca de la drástica brecha que divide a quienes administran a una nación con la sangre fría de un cártel financiero y quienes priorizan el peso de la balanza para impartir la tan ausente justicia laboral.